have greater accessibility, diversity of offer through modalities and costs, maintaining basic and
superior quality conditions in more than a third of the offer, a result of sixty-six years of history,
which may be affected by situations related to the purchasing power of its population.
Key words – Higher education, Psychology, Educational Statistics, Distance education, Virtual
education
Introducción
A modo de reseña, Colombia se ubica en Suramérica, limitando con Venezuela, Panamá, Brasil,
Ecuador y Perú, y posee fronteras marítimas en el océano Atlántico y Pacífico con una amplia
extensión territorial (1.141.148 kilómetros cuadrados); se divide a nivel interno en 32 departamentos
y un Distrito Capital, que forman parte de cinco regiones naturales; esta situación conlleva una
pluralidad cultural y diversidad que se ve reflejada dentro del país y sus diferentes manifestaciones
que a nivel legislativo tuvieron en 1991 un punto de encuentro de reconocimiento mutuo, durante la
Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la actual Constitución Política de 1991. Esta carta
magna prevalece sobre toda la normativa nacional y por ello sirve de referencia en cuanto a su sistema
educativo, que se fundamenta en ella, estableciendo entre otras situaciones que: 1) la Educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social (Constitución Nacional de
Colombia, Artículo 67: 1991); 2) el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra (Constitución Nacional de Colombia, Artículo 27: 1991). Por ello, al contrario
que en otras latitudes, no existen normativas que estandaricen la educación superior, aunque sí se
reglamenta de forma general mediante la Ley General de Educación (Ministerio Nacional de
Educación, 1994) que establece los siguientes niveles de educación: preescolar, básica -primaria y
secundaria-, media y superior; y de forma específica la educación superior se reglamenta a través de
la Ley 30 de 1992 (Ministerio Nacional de Educación, 1992)
1.1. Educación superior colombiana
La Ley 30 de 1992 tiene en cuenta la Constitución Nacional, la Ley general de Educación y
reglamenta de forma específica la organización del servicio público de la Educación Superior y define
la Educación superior como: “Un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación
media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o
profesional” (Ministerio de Educación Nacional, Ley 30, Artículo 1: 1992); estableciendo el nivel de
Pregrado (Técnico, Tecnológico, Profesional) y Postgrado (Especialización, Maestría, Doctorado y
Postdoctorado) en la oferta de programas académicos y definiendo las Instituciones ofertantes como
Instituciones de Educación Superior que pueden ser Instituciones Técnicas Profesionales,
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y Universidades. (Ley 30, Artículo 16: 1992).
Según su origen las instituciones universitarias pueden ser: “Estatales u Oficiales, Privadas y de
Economía Solidaria” (Ley 30, Artículo 23: 1992), organizadas como: “corporaciones, fundaciones o
instituciones de economía solidaria (Ley 30, Artículo 98: 1992) y pueden expedir título en
correspondencia con las clases de instituciones, los campos de acción, la denominación, el contenido,
la duración de sus programas y niveles de pregrado y postgrado. (Ley 30, Artículo 26: 1992).
También la misma Ley establece el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
(CESU), que se encarga de la garantía de las condiciones de Calidad a través del ejercicio de sus
funciones (Ley 30, Artículo 36: 1992), que incluye la organización del SNIES (Sistema Nacional de
Información de Educación Superior). Si bien estás instituciones poseen autonomía para ofertar
programas académicos, deben garantizar unas condiciones mínimas de calidad que son verificadas
por el Consejo de Educación Superior (CESU); que implican un proceso de evaluación, autoevaluación
y acreditación institucional, ya sea para la obtención de un registro calificado que le otorga legalidad
al programa ofertado o una acreditación de alta calidad que además de lo anterior confiere algunas